Infraestructura para las TIC, un desafío para las políticas regulatorias nacionales

Hace un par de décadas las empresas de telecomunicaciones suministraban un único servicio a sus usuarios a través de su infraestructura de red. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha impulsado de forma vertiginosa el despliegue de redes multiservicio que integran, en un único sistema de comunicaciones, la transmisión de datos, voz, video e internet. Esto ha representado un cambio radical no solo en los modelos de negocio establecidos por los operadores, sino en las políticas regulatorias estipuladas por los gobiernos para impulsar la competencia y la masificación de servicios TIC.

El ecosistema digital adoptado por el MinTIC define Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios como los cuatro pilares fundamentales sobre los que se sustenta el desarrollo de las TIC a nivel nacional. Dentro de estos elementos, el estímulo de la inversión pública y privada en infraestructura representa la piedra angular para que se puedan suministrar aplicaciones y servicios a los usuarios. Para lograr este objetivo, es necesario redefinir el modelo de regulación imperante a nivel nacional configurando políticas articuladas con la convergencia tecnológica, empresarial y de servicios propias del sector TIC.En el mercado actual de las telecomunicaciones, el modelo de negocio dominante es el de operadores integrados verticalmente; es decir, empresas que son dueñas de su infraestructura de red y suministran a través de ésta servicios a sus usuarios. Este modelo de negocio no regulado adecuadamente, puede fomentar prácticas nocivas por parte de operadores incumbentes que impidan el crecimiento sano del mercado, desestimulando la inversión y degradando la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

Tomada de: http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital

Aunque el gobierno ha impulsado iniciativas de fuerte impacto social como el “Proyecto Nacional de Fibra Óptica” y la sonada subasta de “espectro 4G”, es importante también hacer una reforma de fondo y forma en el sector para estimular la inversión en infraestructura y la entrada al mercado de nuevos actores. Para tal fin, es importante comprender que las fusiones que se están dando entre empresas móviles con compañías de operación fija, tienen como fin lograr la convergencia tecnológica necesaria para competir con paquetes de servicios heterogéneos sobre una misma red. Por esta razón, las políticas gubernamentales deben permitir que estos procesos se den bajo condiciones que beneficien a los usuarios,  impulsando así mismo la inversión local y extranjera.

El modelo de negocio vertical debe desagregarse a nivel regulatorio. Esto permite la libre entrada y coexistencia en el mercado de proveedores de infraestructura de red con empresas de servicios de telecomunicaciones básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado. De esta forma, compañías prestadoras de servicios pueden llegar a sus usuarios sin necesidad de poseer infraestructura propia, contratando este servicio con terceros. Como consecuencia, es necesario un régimen de regulación de tarifas de acceso no discriminatorias entre proveedores de servicios y de infraestructura, para que de esta forma puedan competir libremente con sus pares ofreciendo precios atractivos a los usuarios finales.

Esta separación entre servicios de telecomunicaciones y de infraestructura no solo impulsa la competencia y el acceso abierto entre proveedores, sino que también va de la mano con el principio de servicio universal (el cual se presta a la población independientemente de sus ingresos). Esto beneficia a las comunidades donde las condiciones de cobertura son precarias y donde el acceso a las TIC no pasa de ser una promesa.

Los entes reguladores no solo deben propiciar la competencia y evitar la concentración del poder sectorial en manos de pocas compañías; sino que deben tajantemente atacar los desmanes que los proveedores cometen en el mercado. Por tal motivo, otro reto adicional viene de la mano de la calidad de los servicios que contratan los usuarios. El regulador debe establecer, junto con las condiciones técnicas de prestación óptima de los servicios, mecanismos de penalización para que los proveedores usen infraestructura que satisfaga la demanda y calidad contratada por los suscriptores.

En un futuro cercano los servicios TIC van a estar soportados mayoritariamente sobre infraestructuras basadas en fibra óptica y en sistemas inalámbricos 4G/LTE. Por lo tanto, el desafío actual a nivel regulatorio pasa no solo por llevar estas tecnologías a todos los rincones del país sino por hacer de las TIC una herramienta con verdadero impacto social. Luego es responsabilidad del sector público y privado actuar para que no pase con la masificación de las TIC lo que ha pasado con la educación en Colombia: muchos planes y proyecciones en temas de cobertura pero nada en cuanto a la exigencia de altos estándares de calidad.

Ronald Romero Reyes                                                                                                                     ICT Researcher                                                                                                                        Technische Universität Chemnitz, Germany                                                                             Chair for Communication Networks


 

 

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